En Honduras el Fiscal Oscar Chinchilla impone “Ley Mordaza” para evitar investiguen a Juan Hernández y Cúpula

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El titular del Ministerio Público de Honduras, Óscar Chinchilla, decidió a través de la dirección de fiscales imponer una Ley mordaza contra el jefe de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y Corrupción (UFECIC), Luis Santos, luego que de que la periodista de ConfidencialHN, Lidieth Díaz, le entregara información que señala al gobernante Juan Orlando Hernández de vínculos con actos de corrupción y delincuencia organizada.

En un memorando girado el 28 de marzo -el mismo día que fue arrestado el director de este periódico y Radio Globo, David Romero-, el jefe de fiscales Mario José Salgado, ordenó a todos los fiscales de que “no recepcionen expedientes investigativos que no hayan iniciado con noticia criminis (noticia que refiere a un hecho reñido con la ley), puestos previamente en conocimiento por la oficina fiscal, por parte de las autoridades investigativas, debiendo obligatoriamente cada expediente investigativo sea dirigida técnica y jurídicamente por un agente de tribunales a través de su respectivo auto de requerimiento de investigación”.

El escrito, recibido por todos los fiscales, incluyendo Santos, es de “cumplimiento inmediato” y todos los jefes de áreas deben ser los “encargados de la supervisión y monitoreo; “la no observancia de la presente traerá consigo la responsabilidad administrativa “que está contemplada en las disposiciones disciplinarias institucionales”.

Según la queja interpuesta por el funcionario es que la dependencia “ha tenido conocimiento, que algunas direcciones de investigación han venido haciendo caso omiso a esta obligación (de que toda investigación debe ser conocida por la dirección de fiscales) asumiendo sus directores o investigadores la dirección técnica jurídica de las investigaciones, las cuales son llevadas con sus resultados finales ante algunas jefaturas o agentes de tribunales quienes por negligencia o acomodamiento proceden a validar las mismas”.

Aunque este memorando fue librado una semana antes de que Díaz se apersonara a la UFECIC a entregar al fiscal Santos el dossier de las investigaciones realizadas por los equipos de investigación de Radio Globo y ConfidencialHN, demuestra que Chinchilla optó por ir un paso adelante para neutralizar la libertad de criterio que deben tener sus subalternos en cuanto a la recepción de denuncias que comprometen a funcionarios del actual gobierno. En otras palabras, desautorizó al titular de la fiscalía especial para conocer o recibir expedientes que trastocan los intereses de Hernández y su entorno.

Este movimiento de piezas hecho por el fiscal general reafirma el pacto de impunidad que mantiene con el titular del Ejecutivo nacionalista, ya que a la fecha las denuncias interpuestas por actores civiles y políticos contra Hernández han sido desestimados.

La principal razón por la cual Chinchilla bloquea cualquier investigación que pudiera concluir en un requerimiento fiscal es que el gobernante colocó a su esposa Catherine Chang Carías como representante ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), luego de fungir un alto cargo en el directorio del Banco Central de Honduras (BCH) sin cumplir los requisitos que exige la ley del organismo.

Chang Carías -hija del veterano dirigente Rigoberto Chang Castillo- laboró por casi tres años en el BCH con un sueldo superior a los 200 mil lempiras mensuales, sin que se le conociera por la toma de decisiones dentro de la autoridad monetaria, cambiaria y crediticia.

El número uno del Ministerio Público ha bloqueado varios requerimientos contra personajes involucrados en corrupción como el exfiscal adjunto Rigoberto Cuéllar, quien fue señalado por una comisión parlamentaria de recibir sobornos de empresarios para estropear investigaciones en torno al megafraude contra el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).  A la fecha, Cuéllar sigue libre, sin ser sujeto de persecución penal en su contra, a pesar de que las evidencias recabadas son concluyentes.

Aunque su lugarteniente Roberto Darío Cardona, ex subsecretario de Recursos Naturales entre 2010 y 2013, se declaró culpable de haber sido el intermediario para el pago de coimas a favor de Cuéllar por unos 280 mil dólares, el requerimiento fiscal sigue engavetado en el escritorio desde donde despacha Chinchilla.

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