TIGO; Entre el pago de soborno a Políticos y el Tráfico de Influencias

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La empresa TIGO sigue en medio de una saga de investigaciones que buscan establecer si pagó sorbornos a politicos del gobierno de Otto Pérez Molina y la también encarcelada exvicepresenta Roxana Baldetti, entre otros.

La siguiente  información se obtuvo del diario digital Nomada, de Guatemala, que realizó una serie de investigaciones sobre el tema desde 2015 hasta 2019.

Como se sabe, las fiscalías de Suecia y Estados Unidos comenzaron en octubre de 2015, una investigación para determinar si TIGO pagó sobornos a políticos en Guatemala.

Millicom, la empresa sueca social de TIGO, a través de un comunicado, anunció que cooperaría con las autoridades suecas y estadounidenses en esas investigaciones. Además, Millicom intentaba con esa posición  distanciarse de Mario López, el accionista guatemalteco de TIGO.

Sin embargo, eso fue sólo la punta del iceberg.

TIGO tiene casi la mitad del mercado de telefonía, su accionista Mario López es un multimillonario de Guatemala; y tiene rivales de peso, como Claro, del magnate mexicano Carlos Slim; y Telefónica, de capital español de la familia Bosch Gutiérrez, la más poderosa del país.

Leyes

La relación entre López y el gobierno de Pérez Molina siempre fue fluida. Establecen los medios que han dado cobertura al caso.

El gobierno de Pérez Molina aprobó dos leyes a través del Partido Patriota, Líder, Todos y Creo. Que beneficiaban a TIGO y perjudican a los intereses nacionales. Todos sospechan que hubo sobornos de promedio.

La primera ley, aprobada el 20 de noviembre de 2012, TIGO se le otorgó prórroga de las frecuencias radioeléctricas por 20 años. Sin pagar un solo centavo al Estado por usarlas. Las telefónicas, radios, televisiones, se beneficiaron de esos bienes públicos gratis, que implicó un ahorro enorme en impuestos para TIGO.

La segunda ley, aprobada el 8 de abril de 2015, quitó a las municipalidades el derecho a impedir o aprobar cobros en la instalación de torres para telefonía.

Lo espcial de esta ley fue que llevaba dedicatoria. Solo se beneficiaba aquel que tuviera 6,000 kilómetros de fibra óptica instalados o cualquier operador con más de 100,000 líneas. Esa cantidad solo la tenía TIGO. Eso le permitió colocar antenas y cableados sin control ni contrapesos municipales.

Por otra parte, en el 2014, el Ministerio de Gobernación le otorgó un contrato por más de Q1 mil millones para colocar cámaras de vigilancia en 6 municipios. Ese contrato equivalía al 85% de lo que TIGO había recibido en licitaciones desde 2006. Además, convirtió a la empresa en la proveedora telefónica número 1 del Estado.

Sobornos

Una ley con demasiadas ventajas y acuerdos entre rivales. “Todo el mundo dice que ahí se movió mucho dinero en sobornos”, repiten tres fuentes en el mundo empresarial consultados por el portal Nómadas.

La iniciativa la impulsaron los diputados Edgar Cristiani, Manuel Barquín y Valentín Gramajo. Los primeros dos hoy tienen procesos legales por casos de corrupción.

Se promocionó como una medida para responsabilizar penalmente a las telefónicas en caso de no bloquear la señal en las cárceles. Pero sólo 1 de los 17 artículos de la ley estaban relacionados con el bloqueo de señales en las cárceles para evitar las extorsiones. El resto estaban enfocados en eliminar cualquier obstáculo en contra de la instalación de antenas. También, cualquier otra infraestructura de telefonía.

Al respecto Manuel Sisniega, director de asuntos corporativos de la empresa, señaló que hasta el momento no tienen conocimiento de alguna denuncia relacionada con la compra de voluntades. Además, asegura que “todos estos señalamientos están basados en rumores o suposiciones”.

Resultado

Además, el resultado de la ley no fue económico sino represivo. La ley penalizaba la oposición contra de la instalación de infraestructura. Eso incluía a la población que se resistiera a tener una antena cerca de su casa.

Aunque fueron los casos más destacados. Asimismo, otras nueve personas enfrentaron proceso penales por su oposición a la instalación de infraestructura.

Tres naciones investigaron

Todo empezó cuando Millicom denunció en octubre de 2015 a sus socios guatemaltecos por «posibles pagos indebidos».

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